¿Por qué habría sido arrestado el exdirector del Cestur?

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SANTO DOMINGO.- Cuando explotó la Operación Coral en abril, caso por el cual está detenido el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, bailó en el expediente por un apartamento en Samaná y en el interrogatorio de Raúl Alejandro Girón Jiménez (imputado). 

El mayor del Ejército Girón Jiménez confesó que estaba a cargo de recolectar cerca de tres millones de pesos por nómina y que entregaba a Torres Robiou 500,000 pesos al mes pero que la cantidad podría ascender o disminuir. 

“Por Inteligencia el monto promedio de quinientos mil pesos (RDS, 5000,000.00) que se te entregaba en efectivo al general Juan Carlos Torres Robiou, debo decirles que podía ser mucho menor un mes o mucho mayor otro, pero en promedio anual eran aproximadamente quinientos mil pesos mensual (RDS 500,000.00).

Afirmó que al entrar Juan Carlos Torres Robiou  al Cestur lo designa como “Encargado de Nómina” y para el 2017 fue designado como “director de Informática y Tecnología” y en adicción a eso era Subdirector de Sueldos.  

Conforme el documento, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) calificó de “extremo sospechoso” que Torres Robiou pague tres mil dólares mensuales por el alquiler de un apartamento en Las Terrenas, a Raúl Alejandro Girón, quien está implicado en el caso Coral y fue su subalterno en CESTUR.

“En la actualidad el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D., Juan Carlos Torres Roibiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00, situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, dice el Ministerio Público en el expediente.

El inmueble está a nombre de Único Real State, una de las empresas investigadas y que la pastora Rossy Guzmán, otra imputada de la Operación Coral, le manejaba al jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, principal acusado del caso.

Raúl Alejandro Girón Jiménez, indicó que el apartamento que señala el Ministerio Público que él le alquilaba Torres  Robiou, es propiedad del exdirector del Cestur y se crearon documentos falsos para hacer creer esa realidad. 

Tras el escándalo, El general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiou, de la Fuerza Aérea República Dominicana (FARD) puso la tarde de este miércoles a disposición del presidente de la República, Luis Abinader Corona, su cargo como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Operación Coral 5G

Un equipo de fiscales puso en marcha la Operación Coral 5G con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Durante el operativo, las autoridades arrestaron a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa desmantelada que fue la “Operación Coral”.

Además del exdirector del CESTUR fueron arrestados el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

Los operativos fue encabezada por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

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